GACETA OFICIAL: # 39.691 del 8 de junio de 2011
ENTE EMISOR: Superintendencia Nacional de Valores
NORMA: Resolución Nº 110 del 19 de mayo de 2011
OBJETO/TÍTULO: Normas
relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos
relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas
por la Superintendencia Nacional de Valores
VIGENCIA: A partir de su publicación en GO
DEROGATORIA: Se derogó la Resolución Nº 025 del 11 de febrero de 2011, publicada en la GO # 39.616 del 15 de febrero de 2011
NOTA 1: Son
sujetos obligados a los efectos de la referidas Normas, las personas
cuyos valores sean objeto de oferta pública (entidades emisoras); las
entidades de inversión colectiva y las personas que intervengan directa
o indirectamente en la oferta de los títulos emitidos por esas
entidades; los operadores de valores autorizados, sean personas
naturales o jurídicas; los asesores de inversión; las bolsa de valores;
las bolsa de productos e insumos agrícolas; las cajas de valores; los
agentes de traspasos; las sociedades titularizadoras; las cámaras de
compensación de opciones y futuros y otros productos derivados; las
sociedades calificadoras de riesgo; las demás personas que directa o
indirectamente participen en la oferta pública de los valores regulados
en la Ley de Mercado de Valores (LMV) o cuyas leyes especiales las
sometan al control de la SNV, y las personas jurídicas que la SNV
califique como relacionadas a alguno de los sujetos regulados por LMV
NOTA 2: De
acuerdo al artículo 74 de las señaladas Normas, el trabajador del
sujeto obligado puede negarse a realizar una operación a un inversor,
cuando «… exista indicio o presunción de que está relacionada con legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo»; sin embargo, el artículo 80 de la misma resolución, establece que los empleados del sujeto obligado no «…
podrán negarle asistencia financiera, ni suspender sus relaciones con
ellos o cerrar sus cuentas mientras duren las fases del proceso de
investigación policial o judicial, a menos que exista una orden,
emanada del Juez competente»
ENTE EMISOR: Superintendencia Nacional de Valores
NORMA: Resolución Nº 110 del 19 de mayo de 2011
OBJETO/TÍTULO: Normas
relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos
relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas
por la Superintendencia Nacional de Valores
VIGENCIA: A partir de su publicación en GO
DEROGATORIA: Se derogó la Resolución Nº 025 del 11 de febrero de 2011, publicada en la GO # 39.616 del 15 de febrero de 2011
NOTA 1: Son
sujetos obligados a los efectos de la referidas Normas, las personas
cuyos valores sean objeto de oferta pública (entidades emisoras); las
entidades de inversión colectiva y las personas que intervengan directa
o indirectamente en la oferta de los títulos emitidos por esas
entidades; los operadores de valores autorizados, sean personas
naturales o jurídicas; los asesores de inversión; las bolsa de valores;
las bolsa de productos e insumos agrícolas; las cajas de valores; los
agentes de traspasos; las sociedades titularizadoras; las cámaras de
compensación de opciones y futuros y otros productos derivados; las
sociedades calificadoras de riesgo; las demás personas que directa o
indirectamente participen en la oferta pública de los valores regulados
en la Ley de Mercado de Valores (LMV) o cuyas leyes especiales las
sometan al control de la SNV, y las personas jurídicas que la SNV
califique como relacionadas a alguno de los sujetos regulados por LMV
NOTA 2: De
acuerdo al artículo 74 de las señaladas Normas, el trabajador del
sujeto obligado puede negarse a realizar una operación a un inversor,
cuando «… exista indicio o presunción de que está relacionada con legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo»; sin embargo, el artículo 80 de la misma resolución, establece que los empleados del sujeto obligado no «…
podrán negarle asistencia financiera, ni suspender sus relaciones con
ellos o cerrar sus cuentas mientras duren las fases del proceso de
investigación policial o judicial, a menos que exista una orden,
emanada del Juez competente»